Lesliee Medina
08/05/2023 - 14:36 HS
Mañana arranca la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las impugnaciones del llamado “Plan B” de la Reforma Electoral, por lo que la Presidencia de la República advirtió que si se invalida, la Corte estaría sustituyendo al Congreso de la Unión.
Fue a través de la Consejería Jurídica, que encabeza María Estela Ríos, que la Presidencia, en días pasados, pidió primero resolver la constitucionalidad de la reforma a la Ley General de Comunicación Social efectuada en mayo de 2018, antes de comenzar con la discusión de ésta, pero los 11 ministros dijeron que esto no era factible, ya que la impugnación se listó con fecha fija para su discusión, el 8 de mayo, y así será.
Es por esto que un día antes del inicio de la discusión, la Consejería dijo que al negar la petición que realizaron, la SCJN “demuestra que existen dos parámetros distintos: uno para revisar las leyes del régimen neoliberal (en cinco años no se ha querido dictar sentencia), y otro distinto para las normas que legítimamente expide la soberanía popular en busca de la transformación que exige el pueblo de México (se resolvería en tres meses), a pesar de que se trata de la misma norma impugnada”.
La Consejería señaló que es falso que su discusión y aprobación en el Congreso haya cumplido con informalidades, y refiere que el ministro ponente no tomó en cuenta todos “los razonamientos expuestos por las autoridades demandadas, cuando es su obligación examinar en su conjunto los argumentos de todas las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. De haberlo hecho, su proyecto se habría emitido en otro sentido”.
Además, que el decreto fue expedido en cumplimiento de una ejecutoria dictada en el amparo en revisión 308/2020 del índice de la propia Primera Sala de la SCJN y que esto tampoco fue estudiado por el ministro
El comunicado remata en que “al tratarse de un poder derivado, sin legitimación popular, la SCJN no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Unión. De hacerlo, violará el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos”.
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