imagen: @acelorioa
Lesliee Medina
24/07/2023 - 14:23 HS
Esta mañana, se celebró la audiencia ante la Corte de Apelaciones en Boston, Massachussets, de la demanda interpuesta por el Gobierno de México a fábricas de armas, por su comercialización y tráfico ilícito a México.
El consejero Alejandro Celorio Alcántara, consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dio a conocer que el equipo legal “presentó los argumentos que ya habían presentado por escrito, en la primera demanda que el Gobierno de México presentó contra comercio negligente a empresas que manufacturan, distribuyen y venden armas en los Estados Unidos, por facilitar su tráfico ilícito a nuestro país”.
De acuerdo al consultor, fueron tres los argumentos presentados por los abogados Steve Shadowen y Jonathan Lowy: el primero fue insistir que la ley que ofrece inmunidades a la industria de las armas en los Estados Unidos contra demandas por responsabilidad civil no aplica por daños ocurridos en México.
El segundo es que si la anterior ley aplicara, se tendría que estudiar si es el derecho sustantivo mexicano el que aplica o el derecho estadounidense; y el tercero, que si la ley PLACA es vigente, el Gobierno de México puede recurrir a ciertas excepciones que incluye esta ley y nuestro litigio tendría que proceder.
Por su parte, Celorio dijo que el panel de tres jueces escucharon con mucha atención, estaban enterados de este litigio e hicieron preguntas a ambas partes. “Esperaremos que pueden ser seis meses, ocho meses, que demore la Corte de Apelaciones (...) para que puedan tomar una decisión”.
Con base en el consejero, el mejor escenario es que la Corte de Apelaciones decida que el juez de primera instancia erró en su análisis jurídico, y le ordene continuar con el litigio y vuelva a revisar los argumentos. Aquí es porque México asegura que la Ley de Inmunidades, como está escrita, si llegara a proteger a la industria de las armas, lo hace de daños ocurridos únicamente en la jurisdicción estadounidense, no se extiende a México.
“Las armas están en México no por generación espontánea sino por la irresponsabilidad de las empresas que permiten que los criminales puedan acceder a ellas en los Estados Unidos”. El peor escenario es que le dé la razón la juez de primera instancia.
Reiteraron el daño que sufren las personas mexicanas en México por el tráfico ilícito de armas, que no deberían existir en nuestro país.
>Indemnización
En una conferencia virtual, Celorio declaró que se pide que las empresas demandadas cubran por los daños sufridos por el Gobierno de México por el tráfico ilícito generado por sus prácticas negligentes. Según estimados, el Gobierno de México ha gastado cerca de 15 mil millones de dólares, arriba del 5% de su PIB, en responder a la violencia armada generada por el tráfico ilícito de armas. Ha habido gastos como pérdidas de vidas humanas, gastos funerarios, reemplazar unidades, atención médico, etc; la otra parte es pedir que las empresas cesen de conducirse de esta manera y modifiquen sus prácticas comerciales.
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