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Lesliee Medina
16/02/2022 - 13:47 HS
El pasado 13 de febrero, los gobernadores de Morena en el país emitieron una carta en la cual apoyan “la transformación” que está llevando el presidente Andrés Manuel López Obrador, no obstante, desde el 4 de febrero y por el ejercicio de consulta de revocación de mandato, se está en veda electoral, por lo que el Instituto Nacional Electoral ordenó bajar ese comunicado desde el ordenamiento y hasta tres horas después.
El INE le solicitó a todas los gobernadores que ajusten sus actos a los parámetros constitucionales de la revocación de mandato y respeten la prohibición de utilizar o aprovechar los canales o vías oficiales de comunicación para difundir propaganda gubernamental.
En un análisis cautelar de la Comisión de Quejas y Denuncias de una queja que presentó el Partido Acción Nacional (PAN) contra de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y las y los Gobernadores de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas por el comunicado del pasado domingo, determinó que es propaganda gubernamental.
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El PAN solicitó medidas cautelares por la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, derivado de la emisión y publicación en redes sociales, desde el día 13 de febrero, del comunicado titulado GOBERNADORES Y GOBERNADORAS DE LA 4TA TRANSFORMACIÓN, en apoyo al Presidente de la República en el contexto del actual proceso de revocación de mandato, asimismo, solicitó se dictara tutela preventiva para que las personas servidoras públicas denunciadas se abstuvieran de realizar conductas similares en el futuro.
La solicitud de eliminar la propaganda gubernamental abarca a Claudia Sheinbaum, Marina del Pilar, Ávila, Manuel Castro Cosío, Layda Sansores, Rutilio Escandón, Indira Vizcaíno, Evelyn Salgado, Alfredo Ramírez, Cuauhtémoc Blanco, Miguel Ángel Navarro Quintero, Miguel Barbosa, Ricardo Gallardo, Alfonso Durazo, Carlos Manuel Merino, Lorena Cuéllar, Cuitláhuac García y David Monreal.
La Comisión de Quejas y Denuncias dictó la procedencia de las medidas cautelares al advertir que, en apariencia del buen derecho, se trata de una acción concertada y consentida por personas servidoras públicas para difundir, de forma expresa y preponderante, logros y acciones del gobierno federal y de quien lo encabeza, considerada como propaganda gubernamental prohibida en el marco del proceso de revocación de mandato en curso.
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