Unos 150 docentes que fueron despedidos de manera injustificada de 50 sedes de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG). 

Según un reportaje de Milenio, publicado este domingo, estos profesores enfrentan una complicada batalla legal, debido a que al haber estado contratados bajo una especie de “convenio de servicios educativos”, el Estado les niega el reconocimiento de sus derechos laborales.  

En septiembre de 2021 las demandas emprendidas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, presentan dilación en sus procesos debido a que, entre otras razones, la naturaleza del proyecto dejó vacíos legales desde su fundación, ya que no se trata de una universidad como tal, sino de la creación, mediante decreto, de un organismo público descentralizado denominado Organismo coordinador de las UBBJG.

Patricia Juan Pineda, defensora de derechos laborales explica que pese a que el decreto establece que las relaciones de trabajo se regirán por el apartado A del artículo 123 Constitucional, el patrón les obligó a firmar convenios en el que las partes se reconocen entre sí como entes autónomos e independientes; incluso, ha encontrado especies de contratos en los cuales se establece a la persona como una adquisición de material u objetos, lo cual les priva de toda prestación social.  

“Las contrataciones son simulaciones para evitar que se les reconozcan sus derechos laborales. La gravedad con la que se están haciendo las contrataciones es crítica, están haciendo una simulación para evadir la legislación laboral”, dijo la abogada.