ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO
03/09/2021 - 0:00 HS
El Instituto Nacional Electoral (INE) perfila imponer una multa por encima de los cuatro millones de pesos a Morena, por haber obligado a trabajadores del municipio de Texcoco a cooperar, voluntariamente a fuerza, para el partido durante la gestión de Delfina Gómez como presidenta municipal de aquella localidad.
Después de varios años de investigación, el máximo órgano electoral acreditó la existencia de un sistema de financiamiento ilegal de Morena, desde el inicio de su proceso de constitución como partido, en 2013, y hasta 2015.
En esta trama, identifican como la protagonista de la historia a la hoy secretaria de Educación Pública federal, cuya administración en Texcoco obligó a 500 trabajadores del ayuntamiento y del DIF municipal a “donar” 10 por ciento de salario.
De acuerdo con el proyecto de sanción de 240 cuartillas (del cual tengo copia), el diezmo era descontado de la nómina por concepto de aportaciones al Grupo de Acción Política (GAP), corriente de Morena, y entregado a dos militantes del partido.
El INE reconstruyó la ruta del dinero, desde la nómina de los trabajadores del Ayuntamiento hasta Morena y diversos proveedores de campañas políticas.
En ese sentido, dos militantes del movimiento, María Victoria Anaya Campos y Sara Iveth Rosas Rosas, quienes también trabajaban para el Ayuntamiento, reconocieron al INE que fueron receptoras de los recursos económicos a través de cheques.
Entre febrero de 2013 y hasta julio de 2015, el municipio giró, de manera quincenal, 59 cheques por un monto total de 12 millones 885 mil pesos, de los que 57 fueron cobrados.
Con ese antecedente, la autoridad tiene certeza de que a 56 por ciento de la plantilla de trabajadores se le afectó su patrimonio, pues existe evidencia de que el sueldo neto fue inferior al monto que, en efecto, se depositó en su cuenta.
Por esa razón, en su sesión de este viernes, el INE resolverá la propuesta de sanción que contempla imponer a Morena una reducción de 25 por ciento de las ministraciones mensuales por concepto de Financiamiento Público para Actividades Ordinarias, que reciba a partir del mes siguiente, hasta alcanzar cuatro millones 229 mil 225 pesos.
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Sorpresiva, por decir lo menos, fue la designación de María Estela Ríos como nueva consejera jurídica de la Presidencia de la República. Aunque ocupó el mismo cargo en la gestión de AMLO, en una etapa del gobierno de la CDMX, en los últimos años mantuvo muy bajo perfil en la Junta de Conciliación y Arbitraje de la capital del país.
Eso sí, en 2020, como abogada en temas laborales, concursó para ocupar la dirección del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, responsabilidad que recayó al final en Alfredo Domínguez Marrufo, hijo del mejor amigo de Arturo Alcalde.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La incongruencia es la causa principal de la risa”.
POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO
ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM
@ALFREDOLEZ
Publicado: 03/09/21
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