Alfredo González Castro
22/08/2022 - 0:00 HS
Al momento de ejecutar la orden de aprehensión e intentar leer sus derechos a Jesús Murillo Karam, el agente judicial responsable no los pudo recordar de memoria.
“Es penoso”, le dijo. “No es penoso, es político”, le respondió sereno el ex titular de la PGR.
Y tiene razón Murillo. La manera en la que ejecutaron su arresto es parte de una estrategia política, sólo en la forma.
En el fondo, sí o sí, iba a llegar a la cárcel antes o después, porque la Fiscalía General de la República tiene elementos para vincularlo por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso Ayotzinapa.
Ahora bien, ¿Por qué detenerlo a él primero si, como lo dijo el subsecretario Alejandro Encinas, existen otras 83 órdenes de aprehensión contra mandos militares y personal de tropa, policías locales y estatales y autoridades administrativas y judiciales, así como contra miembros del grupo criminal Guerreros Unidos por su presunta vinculación con el caso?
La respuesta la tienen en Palacio Nacional.
El presidente Andrés Manuel López Obrador colocó a las fuerzas armadas, particularmente al Ejército Mexicano, como una de las instituciones insignia de su gobierno.
A los hombres de verde olivo los trae de arriba para abajo. Lo mismo en la construcción de obras emblemáticas que en tareas administrativas.
Hoy, el mayor desafío del mandatario es que el Ejército tenga en su manos el manejo de todas las tareas de seguridad del país.
Quiere que la Guardia Nacional quede en manos de la Sedena, pero como no le alcanza para una reforma constitucional encontró la ruta para reformar la ley de la Administración Pública, idea que quiere materializar a la brevedad.
Pero en el ambiente prevalece aún el debate sobre el papel que debe jugar el Ejército en labores de seguridad.
Y mucho le ha costado al Ejecutivo limpiar la imagen de los militares, a quienes en varios momentos de la historia han acusado de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
La 4T quiere escribir una historia distinta de ellos, razón por la que en el caso Ayotzinapa la estrategia fue detener primero al pez gordo (Murillo Karam) y, luego, a los otros 83 involucrados, incluidos mandos militares.
Busca el presidente que todos los reflectores apunten a Murillo quien, como titular de 2012 a 2015 de la entonces PGR, fue máximo responsable de la investigación y principal defensor de la "verdad histórica".
Con eso busca minimizar la participación del Ejército en la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Normal Isidro Burgos.
El primer mandatario está a punto de institucionalizar la participación de los militares en tareas de seguridad, mediante la Guardia Nacional, y no quiere que el caso manche más la reputación de los militares.
Por eso era importante poner todos reflectores sobre un peso pesado, como Jesús Murillo.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Para ganar aprisa la guerra hay que prepararla despacio.”
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