Alfredo González Castro
13/06/2022 - 0:21 HS
De un tiempo para acá, se ha dicho que el narco y la delincuencia organizada, influyen en las elecciones; que quitan y ponen candidatos. En pocas palabras: que México está sumido en narco elecciones.
No sólo eso, se piensa también que los “barones de la droga” matan candidatos y políticos.
Lo cierto es que, hasta el momento, no hay un indicio fehaciente, claro y legal, que lo demuestre.
Lo que sí podemos decir es que la pluralidad ha propiciado la falta de controles y una lucha encarnizada por el poder, provocando una violencia política inusitada en todo el país.
Con el homicidio, la semana pasada, de Rubén de Jesús Valdez Díaz, alcalde de Teopisca, Chiapas, suman 17 ediles asesinados en lo que va del sexenio de López Obrador, cifra 21 por ciento mayor a la del mismo periodo del gobierno de Enrique Peña.
Pero entre el año 2000 y el 2022, han sido asesinados 94 alcaldes en México, con una prospectiva a la alza por las elecciones que se avecinan el próximo año, pero sobre todo por la concurrente de 2024, en la que se elegirá al Presidente de la República y otros cargos.
Con base en el reporte más reciente de la firma Etellekt, que dirige Rubén Salazar, de mantenerse esa tendencia, el número de víctimas mortales puede rebasar a la administración de Peña (39 alcaldes asesinados).
El antecedente es claro: desde el año 2000 la curva de asesinatos contra alcaldes se aceleró en medio de procesos electorales federales.
Al preguntarle sobre los victimarios, Salazar me comentó que no es el narcotráfico el factor que influye en la violencia política.
Los procesos de alternancia a nivel estatal, me dijo, siguen siendo un factor que eleva los riesgos para la seguridad de los políticos, por conflictos entre caciques y líderes locales, así como por la ruptura de pactos políticos criminales.
La realidad es que el 76% de los alcaldes asesinados en lo que va del sexenio de AMLO, militaban en partidos opositores a las coaliciones gobernantes en sus respectivos estados. Es decir, eran opositores a sus gobernadores.
Este es el escenario de violencia política que antecede al proceso electoral del 2023 en el Estado de México y Coahuila, pero sobre todo en la antesala de la madre de todas las batallas: la elección presidencial del 2024.
Razón suficiente por la que partidos y candidatos están llamados a modificar el nuevo modus operandi de campañas internas y externas, más aún cuando es un hecho que sólo habrá un lugar para los suspirantes, particularmente en la Presidencia de la República.
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