ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO
07/05/2021 - 0:00 HS
Este gobierno, que se vende como el garante de la cuarta transformación en México, es uno de los que más pleitos internos tiene o, al menos, es en el que son más evidentes las disputas por el poder.
Por ejemplo, por presiones de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, y el productor favorito de la 4T, Epigmenio Ibarra, el Senado de la República dio marcha atrás a una iniciativa de ley que proponía fijar una cuota obligatoria de 15% de producciones nacionales para su transmisión en plataformas de streaming, como Netflix, y en salas de cine nacionales. La iniciativa fue presentada por el senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara alta, con base en planteamientos que le hicieron representantes del gremio artístico, directores, productores y promotores de la industria mexicana del entretenimiento.
El argumento era muy simple: poner un mínimo de producciones nacionales permitiría incentivar el consumo y reactivar la industria del entretenimiento, en todos sus rubros.
La iniciativa que planteaba abrogar la ley actual y expedir la nueva Ley Federal de Cinematografía y Audiovisual, no era sacada de la manga. De hecho, retomaba experiencias de otras naciones.
Por ejemplo, en la Unión Europea hay una enmienda de 2018 en la que plantea que los estados miembros velarán por que los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, sujetos a su jurisdicción, dispongan de al menos 30% de obras europeas en sus catálogos y garanticen la prominencia de dichas obras. En Francia, las plataformas deben pagar 25% de impuestos de sus ingresos, para que el país financie producciones locales. Y un 30% de sus catálogos debe tener contenido nacional europeo. En Alemania, desde 2014, la legislación exige a las plataformas a reinvertir 2.5% de los ingresos que generan en el país para el financiamiento de películas y series locales. En Argentina existe un impuesto de 21% a todos los consumos que se realicen sobre estas plataformas digitales, en tanto que Uruguay aplica una tasa de 22% a este tipo de servicios, la más alta. Con todo esto, queda claro que el fuego amigo de la 4T echó por la borda un proyecto legislativo que buscaba un beneficio colectivo, y los promotores de la contra tienen nombre y apellido. Uno por intereses meramente económicos y, la otra, por intereses desconocidos.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo ayer que prácticamente todos los candidatos a un cargo de elección popular son susceptibles de ser investigados para evitar que se fomente el lavado de dinero en las campañas electorales. Al respecto, un funcionario de alto nivel me comentó que varios de esos candidatos ya están bajo investigación. En primer lugar se encuentra Ricardo Gallardo, candidato del PVEM a San Luis Potosí; seguido de Jorge Hank Rhon, abanderado del PES en Baja California; y Samuel García, aspirante a Nuevo León por MC.
Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “División y destrucción hermanas gemelas son”.
alfredo@elheraldodemexico.com
@alfredolez
Los cuartos de guerra de Clara Brugada y Santiago Taboada anticipan una elección muy cerrada y buscan que la diferencia de votos sea tal que no haya margen para llevar a tribunales
La renuncia de Teté, en Álvaro Obregón, es la punta del iceberg de los graves problemas que enfrenta el partido de Dante Delgado en la capital del país
