Alfredo González Castro
02/12/2022 - 0:33 HS
Por acción y omisión el gobierno de Javier Corral en Chihuahua fue y es responsable de la muerte de Lazarito.
Exdirector del Fideicomiso Chihuahuense para las Actividades Productivas, José Lázaro Joaquín López, estuvo preso durante dos años, acusado de peculado agravado, un delito que nunca le pudieron comprobar pero que lo llevó a la muerte en el Cereso 1 Aquiles Serdán.
Murió por mala y tardía atención médica después de resultar contagiado de COVID-19 en prision.
Hoy, a dos años de su desaparición, la Secretaría de la Función Pública dejó sin efectos el procedimiento administrativo que dio pie a las acusaciones en su contra. Lo declaró inocente.
Peor aún: su familia y su defensa se enteraron a mediados de este noviembre que, el 28 de agosto de 2020 (dos días después de la muerte de Lazarito) su causa penal había sido sobreseída y la sentencia era absolutoria.
Siempre fue inocente. Y perdió la vida por el afán de venganza de Javier Corral en contra de quien fue su antecesor en la gubernatura del estado, César Duarte.
Desde que arrancó su gobierno, en 2016, el panista emprendió una cacería de brujas en contra del ex gobernador y una veintena de ex funcionarios estatales, entre quienes se encontraba Lazarito.
La historia de este tristísimo caso se remonta a la mañana 30 de julio de 2018, en la colonia Florida de la CDMX.
Como todos los días, Lazarito salió en pijama a depositar su basura en un camión recolector y, sin mediar palabra, agentes ministeriales de Chihuahua se le fueron los golpes.
A empellones, frente a la mirada de su esposa Luz María Martínez, lo subieron a un vehículo sin balizar.
Lo trasladaron a Chihuahua y a partir de ahí, él y su familia empezaron a sufrir la peor historia de sus vidas.
Le metieron en el paquete de ex funcionarios que fueron acusados de prácticamente todos los males de aquella entidad fronterizo.
Corral utilizó toda la fuerza del estado, incluido el Poder Judicial, para tratar de dar un escarmiento a Duarte, aunque fueron muy pocos los resultados durante todo su sexenio, a pesar de que metió a mucha gente a la cárcel.
En el caso de Lazarito, la jueza María Alejandra Ramos Duran, lo vinculó a proceso y le dictó prisión preventiva con todo y que el delito no lo ameritaba
Y en la pandemia, un mes antes de que Lazarito se contagiara, su familia pidió un cambio en la medida cautelar por la edad y su hipertensión.
La respuesta fue que en el Cereso había condiciones para evitar contagios y, si llegase a pasar, el hospital del penal podía atender la contingencia y en su caso trasladar a cualquier enfermo. Cosa que no sucedió.
Cuando ocurrió, sólo llegó a morir en un hospital externo. Y es la fecha en que su familia sigue el viacrucis.
Por orden Judicial, el cuerpo fue entregado a su esposa e hijas, pero sin que pudieran cremarlo.
La única opción fue sepultaron en un cementerio de Chihuahua, en un espacio que les prestó una familia.
A Lazarito el gobierno de Corral lo acusó de un peculado por seis millones de pesos, cosa que, ahora sabemos, fue parte de lo que muchos denominan ahora como “Operación mentira”.
Este padre de familia ejemplar trabajó tres años en el gobierno de Duarte como director de un fideicomiso, con un sueldo que rondaba los 40 mil pesos mensuales.
No vivía en la opulencia, tuvo los mismos vehículos durante mucho tiempo y su casa nunca fue remodelada. No había ni hay evidencia de que hubiera tomado dinero ajeno.
Lazarito fue víctima de una vendetta política. Por lo que su familia y abogados califican su caso como un “crimen de estado”.
En su muerte hubo acciones y omisiones antijurídicas, típicas, culpables y punibles e imputables a un gobierno o sus dependencias, representantes, funcionarios o autoridades, agentes y subalternos.
Todo eso dio pie a que en la actualidad existan denuncias penales y administrativas abiertas que no se investigaron, que siguen sin investigarse y sin resolverse.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La venganza es siempre el débil placer de una mente pequeña y estrecha”
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