Batalla política se cierne sobre Nuevo León. Ayer el gobernador Samuel García, denunció públicamente que el Congreso de su estado le quiere imponer a Adrián de la Garza como fiscal general.

No es cosa menor. Se trata de quien fue su contrincante en la contienda por la gubernatura en 2021.

Pero el priista no se mueve solo, desde el gobierno estatal tienen identificado a Rodrigo Medina, ex gobernador del estado, como su promotor.

Lo que buscan los priistas es desestabilizar la gestión del joven mandatario.

Pero Samuel García no se deja. Y les advirtió que no lo van a doblar.

Por lo pronto, acudió a la Corte para interponer un recurso que evite la imposición del PRI.

Pero esto que ocurre en Nuevo León es parte de una aberración jurídico-legal en la que están metidos varios fiscales y sus gobernadores.

Más allá de la autonomía de la que deben gozar los procuradores de justicia, algunos se han convertido en un dolor de cabeza porque están cubiertos por un manto que los hace intocables.

De hecho, el anterior fiscal de NL, Gustavo Adolfo Guerrero, se mantuvo en el cargo pese al desastroso manejo del caso Debanhi.

En el momento más álgido de las investigaciones, con todo y la presión mediática y política, no hubo poder humano que lo moviera del cargo. Renunció por “jubilación” seis meses después.

No es el único caso. La semana pasada, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, logró una notoriedad inusitada por su dudosa intervención en las investigaciones sobre el feminicio de la joven Ariadna.

Entró en controversia con la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, e hizo patente su pésima relación con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, quien se queja sistemáticamente de su mala gestión. Y ahí sigue en el cargo.

Este caso dio pie a que la senadora Olga Sánchez reviviera una iniciativa de reforma constitucional que permitiría a mandatarios estatales remover a los fiscales por “causas graves”.

El tema está en manos del Congreso y en tanto legisla, los fiscales siguen siendo un dolor de cabeza para gobernadores y hasta para el gobierno federal.

Como ocurre con  el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, quien lleva 13 años en el cargo y con el que ninguna autoridad federal ha podido trabajar de forma coordinada.

Hasta el presidente López Obrador pidió su cabeza desde hace un año, pero continúa en el cargo, con el apoyo del gobernador panista Diego Sinhue, haciendo imposible su remoción, como la de otros fiscales indeseables para mandatarios estatales.

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El gobierno federal tiene una investigación abierta contra el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, a quien vinculan con la creación de empresas fantasma durante su gestión como alcalde de Guadalajara entre 2015 y 2017.

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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Nuestras discordias tienen su origen en las dos más copiosas fuentes de calamidad pública: la ignorancia y la debilidad.”