Alfredo González
28/02/2022 - 6:23 HS
Segalmex fue la dependencia que más irregularidades presentó en la revisión de la Cuenta Pública 2020, con un monto de 5 mil 640 millones de pesos, además de que es investigada por la Fiscalía General de la República y la UIF por malos manejos y la “venta” y el envío de alimentos a Venezuela.
Los actos de corrupción que podrían haberse cometido en la institución, encabezada por Ignacio Ovalle Fernández, son graves, pero resulta de mayor gravedad si se comprueba que la 4T –con autorización de Andrés Manuel López Obrador o sin ella- abastece de granos y alimentos al régimen de Nicolás Maduro, cuando en México el 50% de la población vive en situación de pobreza.
Doblemente reprochable si las investigaciones ya avanzaron y nada se ha dicho al respecto. El que calla otorga y más cuando se trata de una institución creada para abatir la desnutrición.
Alrededor del envío de alimentos de México a Venezuela aparecen varios nombres, desde funcionarios de la Cancillería, como el subsecretario Maximiliano Reyes, hasta empleados de Segalmex, así como empresarios y funcionarios venezolanos, vinculados con Alex Saab, preso por fraude y lavado de dinero.
Pero esta práctica no es nueva. Acá un poco de historia: meses antes de que concluyera la gestión de Enrique Peña, en octubre de 2018, el gobierno confiscó, en Veracruz, mil 800 contenedores con alimentos caducos que pretendían ser enviados a esa nación.
Desde entonces se sabía que en México operaba un grupo que compraba a grandes almacenes toda clase de alimentos de mala calidad para venderlos a sobreprecio al gobierno de Maduro.
En este negocio, detectado en 2017, estaban involucrados Tareck El Aissami, socio del vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, así como Alex Saab y Joaquín Leal.
En junio de 2020, Saab fue arrestado, mientras que Leal, su socio, siguió el negocio vinculado de manera directa con el subsecretario Max Reyes.
De acuerdo con un reportaje del periódico El País, en junio del 2021, el mexicano habría participado en el “programa” intercambio de alimentos por petróleo, y las operaciones de abasto se habrían hecho a través de Segalmex.
Ya pasaron nueves meses de la publicación y desconocemos lo que realmente ocurrió.
Además, después del reporte dado a conocer por la Auditoría Superior, no sabemos aún por qué hay una falta de productos en inventarios en Segalmex y Diconsa, por qué hay adquisiciones y pagos sin soporte documental, pagos que excedieron el tonelaje o el precio de garantía establecidos para maíz y frijol.
De lo único que tenemos certeza es de que Segalmex no cumple con su encomienda en México y que ya fueron destituidos, sin explicación de por medio, algunos funcionarios como Bernardo Fernández, director de Operaciones; Manuel Lozano, apoderado legal de Liconsa y Diconsa, y Carlos Amerena, director de Asuntos Jurídicos.
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