Si nos atenemos a lo que dice la ley, José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, no incurrió en un conflicto de intereses ni contraviene disposición legal alguna, al vivir, junto con su esposa, Carolyn Adams, en la residencia de un proveedor del gobierno federal, allá en los Estados Unidos.

Ríos y ríos de tinta han corrido en torno a este polémico tema, pero el Código de Ética de la Administración Pública Federal es claro y, desde 2019 la Secretaría de la Función Pública, a cargo entonces de Irma Eréndira Sandoval, desapareció esa figura.

A pesar de eso, los críticos de la 4T y los adversarios de AMLO están enfrascados en un debate completamente bizantino en el que han buscado que se finquen responsabilidades legales por este asunto al hijo del primer mandatario.

Buscan equiparar el tema a lo ocurrido con la Casa Blanca, en la época de Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera.

Pero recordemos que, en aquel entonces, el asunto fue llevado a la Función Pública y la investigación corrió a cargo de su titular Virgilio Andrade, quien concluyó que, con base en la ley vigente, había un conflicto de interés en la adquisición de la propiedad.

A pesar de eso, absolvió de responsabilidad legal a la primera dama porque no era servidora pública. Y ella a su vez hizo dos cosas: pidió disculpas y devolvió el inmueble de la controversia.

Lo que queda claro en este caso y en el López Beltrán es que, con ley o sin ley, hay una flagrante violación a la ética por tratarse de dos personas vinculadas, de forma directa, con el presidente de la República.

No obstante, hoy más que en el sexenio pasado, no existe ninguna posibilidad de llevar a los tribunales a José Ramón.

Puede dormir tranquilo, cosa que no podemos decir del presidente López Obrador quien sigue molesto por los cuestionamientos que le hacen todos los días sus malquerientes, derivados de este controvertido tema.

¿Y qué dice el nuevo Código de Ética de la Administración Pública Federal?

Ayer se publicó una actualización en el Diario Oficial de la Federal y sigue sin aparecer lo relacionado con el “conflicto de intereses”.

Eso sí, el Código de Ética de la 4T alude a un tema que también ha sido motivo de discusión recientemente: el uso de redes sociales para los funcionarios.

En su artículo 18, establece que los servidores públicos deben considerar que las redes sociales pueden constituir una extensión para ellos.

Por tanto, dice, sin menoscabo de la libertad de expresión, deben cuidar la imagen de las dependencias, así como la confianza en el servicio público, mantener un comportamiento acorde con la ética pública y ser respetuosos de cualquier persona, sin importar su ideología.

Y deja en claro que, si un funcionario público decide usar las benditas redes sociales para hacer públicas sus actividades privadas, no pueden restringir o bloquear a personas determinadas. En pocas palabras: si se llevan, se aguantan.

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Hasta con la cubeta se están dando los aspirantes a la gubernatura de Quintana Roo y a quien traen como punching bag, desde hace unos días, es al abanderado de MC, Roberto Palazuelos, a quien acusan de todos los males del estado, mientras que los padrinos de la aliancista Laura Fernández, perredistas sobre todo, pepenan, a punta de billetazos, a militantes resentidos de otros partidos.

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El lunes publiqué que en el Estado de México ya está definido que el PRI llevará mano en la designación del candidato a la gubernatura en el 2023 y será una mujer.

Sin embargo, protagonistas de esta historia, pero del lado del PAN, me dicen que no hay nada definido y no descartemos que la alianza (PRI, PAN y PRD) postule a un hombre muy cercano al CEN del blanquiazul, cosa que está por verse.

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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La ética no es más que el intento racional de averiguar cómo vivir mejor.”