Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, anticipó que dejar la prisión preventiva oficiosa a la decisión del juez, en caso de delitos de alto impacto, como homicidio, feminicidio, violación, podría derivar en múltiples casos de corrupción, mercado de abogados y jueces e incrementaría los riesgos para jueces y víctimas.  

El funcionario puso como ejemplo que un juez federal determinó no vincular a proceso penal federal a José Bernabé Brizuela, alías “La Vaca”, presunto líder del Cártel Independiente de Colima, detenido hace una semana en la Ciudad de México. Mejía Berdeja resaltó la importancia de la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos graves del fuero común, para delitos de delincuencia organizada y delitos financieros y llevados a cabo por servidores públicos. 

Dicha medida cautelar, dijo, opera automáticamente cuando se dan los supuestos de vinculación procesal de los detenidos por ciertos delitos graves del fuero común y para delitos de delincuencia organizada y financieros, y no está sujeta a la decisión del juez. 

“Por eso importante mantenerlo, porque si se está al arbitrio de que cada detención por estos delitos sea un juzgador el que resuelva si se queda en prisión o no, esto puede dar lugar a múltiples casos de corrupción, a un mercadeo de abogados y jueces, también incrementaría la peligrosidad para los propios jueces, para la víctima que se atreve a denunciar esos delitos, para los testigos sobre todo representa una amenaza para la sociedad porque estos individuos en libertad seguirían llevando a cabo sus actividades de carácter criminal”.