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Imputa FGR a otro ex colaborador de Rubén Moreira por desvío de 475 mdp

Dichos recursos provenían del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin)

Redacción

11/08/2023 - 15:10 HS

La Fiscalía General de la República imputó a Nazario Salvador Iga Torre, exdirector General de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas de Coahuila, por el presunto peculado de 475 millones de pesos registrado durante el mandato del exgobernador del estado, Rubén Moreira Valdez. 


Es el segundo ex servidor público imputado en una investigación por el desvío de recursos públicos y simulación de contratos a nivel de dependencias estatales para financiar campañas electorales, una operación similar a la denominada “Operación Safiro” que se investigó en Chihuahua. 


El primer imputado fue el exsecretario de Finanzas de Coahuila entre 2014 y 2017, Ismael Ramos Flores o Ismael Eugenio Ramos Flores, actualmente sometido a proceso penal por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades, derivado del presunto desvío de 475 millones de pesos. 


De acuerdo con el expediente de este caso, al ex secretario de Finanzas de Coahuila y a su subordinado se les imputa la firma indebida de 18 contratos públicos por un monto de 475 millones de pesos que fueron asignados a una red de empresas que compitieron entre sí durante procesos de licitación restringida. 


Dichos recursos provenían del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conocidos también como el ramo 23 del presupuesto federal. 


La imputación de la Fiscalía Anticorrupción de la FGR dio a conocer en las primeras audiencias de este caso que existen indicios suficientes para presumir que Ismael Ramos Flores y sus subordinados otorgaron autorizaciones indebidas de carácter económico en beneficio de terceros y además firmaron contratos públicos que no cumplieron con los requisitos que marca la ley para ser entregados a las empresas beneficiarias. 


Todos los contratos objeto de la investigación, fueron firmados entre enero y mayo del 2016, por lo que se utilizó el Código Penal Federal vigente hasta junio del 2016 para encuadrar y configurar el delito atribuido a estos ex servidores públicos.

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